Antisemitismo, violencia y corrupción: se empieza a definir el futuro de tres jueces federales acusados de mal desempeño

El segundo semestre del año será crucial para el Poder Judicial, ya que se definirá el futuro de tres jueces federales acusados de mal desempeño en sus funciones, quienes podrían ser destituidos de sus cargos, y uno de ellos incluso podría quedar detenido. Estos procesos se activarán a partir de la próxima semana, con la finalización de la feria judicial.

Los magistrados imputados son el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López; el integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava; y el juez federal de Rosario, Gastón Salmain. Cada uno enfrenta denuncias distintas: la publicación de mensajes antisemitas, agresión al personal de su tribunal y solicitud de coimas para dictar un fallo, respectivamente.

Actualmente, los tres casos están en etapa de juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, que por primera vez en su historia afronta tres procesos simultáneos luego de que el Consejo de la Magistratura los investigara y suspendiera en sus cargos.

Aunque los procesos están en etapas diferentes, todos deberán resolverse antes de fin de año, respetando los plazos legales para la tramitación ante el jurado. Se trata de un proceso de carácter político, en el cual el tribunal evalúa exclusivamente si los jueces incurrieron en mal desempeño de sus funciones. El Jurado puede dictar dos tipos de resoluciones: destituir a los magistrados o rechazar la acusación. En caso de destitución, el juez pierde automáticamente su cargo y la jubilación correspondiente; si se rechaza la acusación, se levanta la suspensión y el juez retomará sus funciones.

Para destituir a un juez se requieren cinco votos de los siete integrantes del Jurado. Si no se obtiene esa mayoría o si se exceden los 180 días hábiles para concluir el proceso desde la recepción del caso, la acusación cae. Actualmente, el tribunal está compuesto por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; la abogada Ana Fernández; los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria); y las senadoras María Florencia López (Unión por la Patria) y María Montes de Oca (La Libertad Avanza).

Estos procesos son seguidos con especial atención en la justicia, ya que es la primera vez desde la creación del Consejo y del Jurado a comienzos de los 2000 que tres magistrados son sometidos simultáneamente a juicio político. Además, estos casos presentan distintas tipologías: discriminación, maltrato laboral —una problemática denunciada en aumento en el Poder Judicial— y corrupción.

Los dos últimos jueces destituidos fueron sancionados por casos de corrupción: el magistrado federal de Mendoza, Walter Bento, por enriquecimiento ilícito; y Martín Poderti, también de Mar del Plata, por el presunto robo de 144 monedas de oro. Posteriormente, Bento fue condenado penalmente a 18 años de prisión y permanece detenido.

En cuanto a los juicios en curso, el primero comenzó a principios de mes contra Alfredo López, quien es juzgado por publicar mensajes antisemitas y discriminatorios en su cuenta de la red social X. Entre sus mensajes se leen expresiones como: “Sí, raza de víboras, por el pueblo judío”, “son cínicos”, “estado ficticio” y “al que persiguen es a mí, pero yo soy argentino y ustedes extranjeros”. Hace dos semanas, los fiscales del jury, el senador nacional Luis Juez y el abogado Alberto Maques, solicitaron su destitución por mal desempeño. La audiencia estuvo marcada por un escándalo cuando seguidores de López en la sala comenzaron a gritar contra los fiscales, lo que derivó en la expulsión de esas personas. López presentó su renuncia para evitar el juicio, pero el gobierno de Javier Milei no la aceptó. Solo resta el veredicto, que el tribunal debe emitir antes del 25 de agosto. Fuentes judiciales señalaron a Clarín que se espera que la semana que viene se anuncie la fecha.

En simultáneo, el segundo juicio comenzará el lunes 10 de agosto a las 9 horas contra Pablo Díaz Lacava. El juez está acusado de amenazar y hostigar a empleados y secretarios de su tribunal, quienes presentaron la denuncia y debieron tomar licencia médica. Uno de los hechos más graves imputados es que Díaz Lacava arrojó una piedra desde la calle que ingresó por una ventana a uno de los despachos. El jurado ya citó a testigos de la defensa y de la acusación, y se espera que el proceso dure una semana, según informaron fuentes judiciales. Por estos mismos hechos, Díaz Lacava enfrenta un juicio oral en una causa penal. Actualmente está suspendido en el cargo, y antes de la suspensión el juez tenía prohibido ingresar a su tribunal para evitar contacto con los empleados denunciantes.

El tercer caso corresponde a Gastón Salmain, quien fue suspendido en junio tras ser denunciado por solicitar un soborno para dictar un fallo a favor de una empresa, ordenando al Banco Central de la República Argentina la venta de 10 millones de dólares a precio oficial durante el cepo cambiario. El juez exigió el pago del 10% de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Según declaró un arrepentido en la causa penal, Salmain esperaba recibir entre 180 mil y 200 mil dólares producto de esa diferencia. Sin embargo, la devaluación del peso redujo la brecha y la empresa solo logró una diferencia de 19 mil dólares al comprar los dólares oficiales con el fallo. Salmain está procesado y tiene prisión preventiva, aunque no ha sido detenido debido a sus